Habilitación de Clases Pasivas

Hecho Causante: Es la jubilación (personal civil) o el retiro (personal militar) del funcionario y puede producirse por distintos motivos:

• Jubilación forzosa por edad
• Jubilación por incapacidad permanente para el servicio
• Jubilación voluntaria
• Jubilación LOGSE
• Prórroga en el servicio activo
• Cesación progresiva de actividades

Hecho causante: Es el fallecimiento del funcionario o del pensionista jubilado o retirado.

CLASES DE PENSIONES

• Pensión de Viudedad
  Beneficiarios Tienen derecho a pensión de viudedad quien sea y quienes hayan sido cónyuges legítimos del causante de los derechos pasivos, siempre que no contraigan nuevo matrimonio. No obstante, quienes contraigan matrimonio a partir del 1 de enero del 2002, podrán mantener el percibo de la pensión de viudedad siempre que concurran una serie de requisitos.
• Pensión de Orfandad
  Beneficiarios Los hijos del causante menores de 21 años o, que siendo mayores de dicha edad, estuvieran incapacitados para todo trabajo desde antes de cumplirla o desde antes del fallecimiento del causante. El huérfano que no realice trabajo lucrativo, o cuando realizándolo los ingresos que obtenga en cómputo anual resulten inferiores al 75% del salario mínimo interprofesional, podrá ser beneficiario de la pensión de orfandad siempre que, a la fecha del fallecimiento del causante, fuera menor de 22 años o de 24 si no sobreviviera ninguno de los dos padres. En este caso, la pensión de orfandad se extinguirá cuando el titular cumpla los 24 años de edad, salvo que estuviera cursando estudios, manteniéndose en estos supuestos la percepción de la pensión hasta el primer mes, inclusive, del siguiente curso académico.
  • Prorroga de pensión de orfandad hasta los 22 años.
  • Prorroga de pensión de orfandad hasta los 24 años.
  • Prorroga de pensión de orfandad hasta los 24 años por estudios.
• Pensión a favor de padres
  Beneficiarios El padre y la madre del causante, siempre que dependieran económicamente de éste al momento de su fallecimiento y que no exista cónyuge superviviente o hijos del fallecido con derecho a pensión. En el supuesto de que en el momento del fallecimiento del causante hubiera cónyuge o hijos del mismo con derecho a pensión, el padre y la madre de aquél sólo tendrán derecho a la pensión a partir del momento en que la misma quede vacante por fallecimiento o pérdida de aptitud legal del cónyuge y de los hijos con derecho.
• Pensiones Extraordinarias
  • Pensión de Jubilación o retiro.
  • Pensión a Favor de familiares

Los Regimenes Especiales de los Funcionarios en España están incluidos, desde el 25 de octubre de 1998, en el ámbito de aplicación de los Reglamentos Comunitarios (CEE) 1408/71 y 574/72 en materia de Seguridad Social. Está inclusión permite que los periodos de cotización y asimilados cubiertos según la legislación reguladora de otros Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europea surtan efecto tanto para el reconocimiento del derecho, como para el cálculo de las pensiones, que puedan causarse en el Régimen de Clases Pasivas del Estado.

Causantes: Los fallecidos, declarados fallecidos, o desaparecidos durante la guerra civil, o después de la misma, siempre que pueda establecerse una relación de causalidad personal y directa entre la guerra civil y el fallecimiento del causante, así como quienes hubieran causado pensión por su fallecimiento con motivo de acontecimientos bélicos anteriores a 1936.

Beneficiarios La viuda y, en su defecto, los hijos incapacitados, los hijos solteros o viudos y los padres del causante fallecido, siempre que reúnan las condiciones requeridas por la legislación general sobre Clases Pasivas vigente a 31-12-1984.

Causantes: Los españoles de cualquier sexo y edad en los que concurran las siguientes circunstancias:

• Haber sufrido heridas como consecuencia directa o indirecta de acciones bélicas desarrolladas en el territorio nacional entre el 18 de julio de 1936 y el 1 de abril de 1939.
• Padecer como resultado de dichas heridas una disminución de sus facultades físicas o psíquicas en un grado mínimo del 26 por 100 -según la tabla de valoración de lesiones establecida en el Decreto 670/1976, de 5 de marzo-.
• No pertenecer al Benemérito Cuerpo de Caballeros Mutilados de Guerra por la Patria.

Para causar los derechos regulados en la Ley 6/1982 -retribución básica y pensiones en favor de familiares- se exige que las lesiones de los mutilados acogidos al Decreto 670/1976 alcancen un grado de incapacidad, al menos, de 45 puntos -según el cuadro de lesiones y enfermedades vigente para la aplicación de la Ley 35/1980, de 26 de junio-.

Beneficiarios

• Del Decreto 670/1976: sólo los causantes.
• De la Ley 6/1982: los propios causantes y sus cónyuges viudos y, en su defecto, los huérfanos menores de edad o incapacitados desde antes de cumplir los 18 años, siempre que reúnan los requisitos establecidos en la legislación de Clases Pasivas vigente a 31 de diciembre de 1984.

Causantes: Los españoles ex-combatientes de la zona republicana que, formando parte de modo permanente o circunstancial de los Ejércitos y Fuerzas del Orden Público de la República, hubieran sufrido lesiones corporales que afecten de modo permanente a su integridad física o psíquica, o padezcan inutilización de igual carácter debidas a enfermedades producidas o agravadas en la prestación de un servicio durante el periodo comprendido entre el 18 de julio de 1936 y el 1 de abril de 1939, u originadas durante el cautiverio padecido como consecuencia directa de acciones de guerra en dicho periodo.

Los excombatientes mutilados se clasifican en:

• Mutilados de Guerra.
• Mutilados en acto de servicio.
• Inutilizados por razón de servicio.

A su vez, los mutilados de guerra y en acto de servicio, según la gravedad de la lesión, se clasifican en absolutos (más de 100 puntos), permanentes (entre 45 y 100 puntos) y útiles (entre 15 y 44 puntos).

Los mutilados absolutos y los permanentes tienen derecho a percibir una retribución básica -por su condición de excombatientes- y una pensión de mutilación -por la mutilación sufrida-; además, causan pensiones en favor de sus familiares. Sin embargo, a los mutilados útiles sólo se les reconoce el derecho a pensión de mutilación y a los demás inutilizados por razón del servicio el beneficio a percibir la retribución básica, si bien estos últimos también causan pensiones familiares.

Beneficiarios

• Los propios causantes.
• Las viudas, hijos o padres de quienes padezcan lesiones valoradas en, al menos, 45 puntos, siempre que cumplan los requisitos y condiciones establecidas en la legislación general de Clases Pasivas vigente a 31-12-1984

a) Militares Profesionales de las FF e II Armados de la República

Causantes: Los miembros de las Fuerzas e Institutos Armados que, como funcionarios de carácter militar, prestaron servicios a la II República durante la Guerra Civil 1936-1939.

Beneficiarios

• Los propios causantes.
• Las viudas y huérfanos, de los causantes, que cumplan los requisitos establecidos en la legislación general de Clases Pasivas vigente a 31-12-1984.

b) Excombatientes no Profesionales de las FF e II Armados de la República

Causantes: Quienes hubieran prestado servicio a la República durante la guerra civil 1936-1939 en las Fuerzas Armadas, obteniendo un empleo o grado militar de, al menos, suboficial, así como quienes hubieran sido miembros de las Fuerzas de Orden Público o el Cuerpo de Carabineros, durante el período temporal indicado. Todo ello siempre que no tuvieran la consideración de funcionarios (profesionales) de carácter militar antes del 1 de abril de 1939.

Beneficiarios

• Los propios causantes.
• Las viudas y huérfanos menores de 21 de años o mayores de dicha edad, incapacitados para todo trabajo desde antes de cumplirla o del fallecimiento del causante.

Causantes: Quienes hubieran sufrido privación de libertad en establecimientos penitenciarios durante tres o más años, como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, y tengan cumplida la edad de 65 años el 31 de diciembre de 1990.

Beneficiarios

• Los propios causantes.
• Los cónyuges supervivientes de los causantes.

MUFACE es el equivalente a la Seguridad Social del Régimen General para lo Funcionarios Civiles del Estado. 

La Ley 29/1975, de 27 de junio, sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, partiendo de la existencia -y consagrando su mantenimiento- de los sistemas de Clases Pasivas y Ayuda familiar (hoy prestaciones por hijo a cargo) a los que con carácter general y obligatorio estaban adscritos todos los Funcionarios de la Administración Civil del Estado, crea una Mutualidad única, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, también de adscripción obligatoria, con un repertorio de prestaciones lo suficientemente amplio y flexible como para garantizar al funcionario de la Administración Civil del Estado, una protección adecuada contra todos aquellos riesgos y carencias a los que está expuesto a lo largo de su vida profesional y que no estaban ya cubiertos por los otros dos mecanismos de cobertura ya existentes.

MUFACE garantiza a los Funcionarios Civiles del Estado la adecuada protección frente a los riesgos de:

• Necesidad de Asistencia Sanitaria 
• Incapacidad temporal para el servicio 
• Incapacidad Permanente para el servicio en el grado de Gran Invalidez 
• Lesiones permanentes no invalidantes 
• Necesidad de vivienda 
• Cargas económicas por estudios universitarios 
• Jubilación 
• Muerte del funcionario o de sus beneficiarios 
• Situaciones especiales de necesidad 
• Cargas económicas por hijo a cargo minusválido 
• Maternidad en los casos de parto múltiple 
• Necesidad de atención socio-sanitaria 
• Necesidad de atención a la tercera edad y a la minusvalía

MUFACE es la denominación abreviada con la que común y coloquialmente se conoce a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, Organismo Público de la Administración del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Administraciones Públicas a través de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, cuyo cometido es la gestión del Mutualismo Administrativo y de las prestaciones por hijo a cargo minusválido.

El Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) es, conforme se indica en la Ley 28/75, sobre la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, y en su Reglamento General, aprobado por R. D. 2330/1978, de 29 de septiembre, el órgano gestor de este Régimen Especial de Seguridad Social. Está adscrito orgánicamente a la Subsecretaría de Defensa, según lo establecido en el artículo 12.8 a) del R. D. 1883/1996, de Estructura Orgánica Básica del Ministerio de Defensa.

Le corresponde la misión de proporcionar al personal encuadrado en las Fuerzas Armadas y a sus familiares protección ante la contingencia de pérdida de salud y otros estados de necesidad, mediante las correspondientes prestaciones. No tiene a su cargo, sin embargo, las pensiones básicas por retiro, muerte y supervivencia, ya que, encuadradas éstas en el Régimen de Clases Pasivas, su reconocimiento es competencia de la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa.

El ISFAS es un organismo con personalidad jurídica pública diferenciada, con patrimonio y tesorería propios y con autonomía de gestión, y se rige, en general, por lo dispuesto para los organismos autónomos en la Ley 6/1997, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

Los órganos de gobierno y administración del Instituto son, conforme se determina en el R. D. 296/1992, el Consejo Rector, la Junta de Gobierno y la Gerencia, al frente de la cual figura el secretario general del ISFAS, cuyo nombramiento se efectúa por Real Decreto a propuesta del ministro de Defensa.

Del Consejo Rector es presidente el ministro de Defensa, y vicepresidente el subsecretario de Defensa. Son vocales natos los directores generales de Presupuestos del Ministerio de Economía y Hacienda, de Personal y de Asuntos Económicos del Ministerio de Defensa, el secretario general del ISFAS, los jefes de los Mandos o Jefaturas de Personal de cada uno de los tres Ejércitos, el interventor general de la Administración del Estado y el subdirector general de Personal de la Guardia Civil. Como vocales asesores figuran el asesor jurídico general y el interventor general del Ministerio de Defensa, así como un general de división del Cuerpo Militar de Sanidad.

La Junta de Gobierno la preside el secretario general del ISFAS y de ella forman parte, como vocales, los jefes de los Mandos o Jefaturas de Personal de cada uno de los tres Ejércitos, el subdirector general de Personal de la Guardia Civil, el asesor jurídico general y el interventor general del Ministerio de Defensa, así como un general de división del Cuerpo Militar de Sanidad. Es también secretario el secretario general del ISFAS.

La Gerencia del ISFAS cuenta para su funcionamiento (art. 7 del R. D. 296/1992) con los siguientes órganos: Secretaría General, Subdirección de Prestaciones y Subdirección Económico-Financiera. Sus titulares, a los que corresponde nivel orgánico de subdirector general, son nombrados por el ministro de Defensa.

Para la ejecución de sus funciones y competencias, el Instituto Social para las Fuerzas Armadas dispone actualmente de 55 delegaciones —10 de ellas regionales, 7 especiales y 38 provinciales—, así como de 11 subdelegaciones y 4 oficinas delegadas.

El Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (INVIFAS), creado por Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre, es un organismo autónomo, sometido al régimen previsto en el Capítulo II del Título III de la Ley 6/1997, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, con las excepciones establecidas en la Ley 26/1999, de 9 de julio, de Medidas de Apoyo a la Movilidad Geográfica de los Miembros de las Fuerzas Armadas, y adscrito a la Subsecretaría de Defensa conforme determina el Artículo 12.8 b) del Real Decreto 1883/1996, de 2 de agosto, de Estructura Orgánica Básica del Ministerio de Defensa.
El director general gerente del Instituto es responsable de la gestión del mismo y su nombramiento se efectúa por Real Decreto, a propuesta del ministro de Defensa. Para su funcionamiento el Instituto se organiza en una Secretaría General y tres Subdirecciones Generales: Gestión, Económico-Financiera y Oficina Liquidadora. El nombramiento de sus titulares, a los que corresponde un nivel orgánico de subdirector general, compete al ministro de Defensa, conforme a la legislación vigente.
Actualmente, el Instituto está implantado en todo el territorio nacional y cuenta con veintinueve delegaciones.
Las actividades del INVIFAS están dirigidas a la consecución de los fines objeto de la Ley 26/1999, de 9 de julio, de de Ley de Medidas de Apoyo a la Movilidad Geográfica de los Miembros de las Fuerzas Armadas, que se concretan en las siguientes medidas (art. 1):

• Facilitar una compensación económica para atender las necesidades de vivienda originadas por cambio de destino que suponga cambio de localidad.
• Asignar en régimen de arrendamiento especial las viviendas militares en los casos singulares que contempla la citada ley.
• Proporcionar ayudas para el acceso a la propiedad de vivienda.

Así mismo, entre sus actividades se incluye la racionalización del uso y destino de las viviendas militares, estableciendo, en particular, las normas para la enajenación de todas aquéllas que no se destinen a los fines señalados en las anteriores medidas.
El Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas tiene como funciones principales las siguientes:

• Reconocer y abonar las compensaciones económicas.
• Adjudicar viviendas en régimen de arrendamiento especial al personal militar.
• Mantener, conservar y gestionar las viviendas militares.
• Conceder, en los términos que determine el ministro de Defensa, ayudas para la adquisición de viviendas por personal militar.
• Promover y apoyar la constitución de asociaciones y cooperativas que ejecuten programas de construcción de viviendas en propiedad para el personal militar.
• Aquellas otras funciones atribuidas por la Ley de Medidas de Apoyo a la Movilidad Geográfica de los Miembros de las Fuerzas Armadas u otras leyes y sus disposiciones de desarrollo.

Para el cumplimiento de los fines que la ley le encomienda, el INVIFAS tiene la más amplia capacidad legal para:

• Adquirir, enajenar y arrendar edificios, locales y terrenos.
• Gravar, permutar, enajenar y disponer a título oneroso de los bienes que constituyen su patrimonio.
• Contratar la realización de obras y prestación de servicios o ejecutar directamente unas y otros.
• Repercutir a los usuarios los servicios y suministros que se presten en las viviendas y exigir el pago de los mismos.
• Resolver las reclamaciones sobre responsabilidad patrimonial que se formulen contra el organismo.

En cuanto a los recursos administrativos, cabe destacar que de acuerdo con el citado texto legal, las resoluciones del director general gerente del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas ponen fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 de la disposición decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.